Hernán Uribe O.

El tema de la seguridad de los periodistas en misión profesional se ha convertido en un problema de suyo complejo, por muchos incomprendido o desechado, minusvalorado por otros y, con ello, en un asunto de difícil solución. Para encontrar salidas, se hace imprescindible un reanálisis de la situación, una mirada más objetiva de los distintos aspectos de ella, y el lanzamiento de propuestas menos declarativas, más realistas, que tengan cuando menos razonables posibilidades de materializarse.

Sabemos que, impelida por la dramática realidad de las matanzas perpetradas en América Latina por dictaduras militares o civico-castrenses desde mediados de los años sesenta, la FELAP (Federación Latinoamericana de Periodistas) consideró esta materia desde su nacimiento en 1976 y hasta hoy la mantiene entre sus postulados. Sin embargo, una evaluación más global, en la que comienzan a intervenir ya organizaciones internacionales y regionales de periodistas, data de 1978, año en que se celebra en París la Primera Reunión Consultiva patrocinada por Unesco.

En estos veinte años –que se cumplen en 1998– se ha avanzado notablemente en la denuncia de los crímenes en contra de los periodistas, se ha logrado exponer la temática y debatirla en varias entidades internacionales de relevancia, como son la Unesco y la propia ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y asimismo se ha clarificado algunos conceptos como el de misión peligrosa. Hoy podemos decir, por ejemplo, que el peligro acecha al informador no solamente en la cobertura de guerras y de otros hechos que suponen el uso de las armas y de la violencia, sino que la amenaza para el periodista es cotidiana y que igual es torturado o eliminado en naciones que se proclaman democráticas.

Transcurrido esos lustros, han emergido asimismo nuevos victimarios, nacidos éstos de las entrañas de la corrupción político-económica y de la abyecta comercialización de los estupefacientes prohibidos. Han surgido y recrudecido también nuevos delitos. Sabemos de los asesinatos y secuestros de periodistas a cargo de narcotraficantes en México y Colombia, más conocidos universalmente desde la aparición del notable libro Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez y publicado en 1996.

El secuestro con fines políticos específicos tal como sucedió en los años ochenta en el Líbano con periodistas europeos, se registra ahora en Colombia para lograr la publicación o difusión de materiales de organizaciones clandestinas. El 4 de diciembre pasado (1997) el reportero Eduardo Maldonado, de Radio Caracol y William Para, Secretario de Prensa de la Presidencia de la República, fueron secuestrados por guerrilleros y liberados el día 13 siguiente bajo el compromiso de dar a conocer un comunicado. Pero he aquí, que con la misma fecha son raptados tres colegas del diario El Colombiano, de Medellín (Carlos Alberto Giraldo, Jesús Abad y Carlos Arredondo), y un cuarto periodista (Freddy Ocampo) camarógrafo de TeleAntioquia, que fueron víctimas de la violencia por el mismo propósito de obtener publicidad, ahora de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FRAC).

El secuestro jamás tendrá justificación y, por ende, tampoco el cometido con periodistas, no importa que los ejecutores se digan defensores de los intereses populares. Tal delito siempre será abominable porque pone en peligro la vida de los reporteros y constituye, al mismo tiempo, una violentación de la libertad de información.

Otro campo de necesaria reflexión se refiere a la legislación de prensa –incluido el derecho a la información– al papel de la información periodística en las sociedades de hoy y al estatuto profesional de quienes ejercen tan riesgosas labores. Debe quedar claro, verbi gracia, que todos los intentos en procura de una normativa internacional acerca de la seguridad del periodista, han terminado en fracasos. Conviene, por lo tanto, revisar las causas y quizás incursionar en caminos inéditos.

En América Latina, las Constituciones de sus países proclaman la libertad de expresión y algunas la de información, pero todas también agregan el precepto aquel de ejercerla de acuerdo a las leyes, el que existía ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XVIII. En abierta contradicción con esas Cartas Magnas, a lo largo y a lo ancho de la región, ha proliferado desde antaño una legislación muy represiva o restrictiva que, en los hechos, deja incumplida la garantía constitucional. Como hemos señalado en trabajos anteriores, esas disposiciones están marcadas ora por la herencia del derecho colonial, ora tienen el sello de las dictaduras y no han sido derogadas, y en todos los casos su temática central son los denominados "delitos de prensa".

Un interesante estudio que realizó la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y que fue presentado en un seminario sobre el tema de la protección (1980) reconoce que, en términos genéricos, la legislación sobre la prensa y los periodistas no se ha modificado, en su esencia, desde el siglo XIX y nunca ha contemplado el punto de la seguridad de los informadores profesionales. Cito: "Según la tradición establecida en los siglos XVIII y XIX, las libertades de opinión, de expresión y de prensa, se referían a un individuo abstracto. La libertad se bastaba entonces a sí misma". (1) Al tenor de esa tesis, el escritor, el periodista y teóricamente cualquier ciudadano, "no necesitaba más que la pluma". Tal concepto, se agrega, "todavía tiene amplia aceptación, a pesar de que en lugares del mundo millones de personas no tienen realmente la posibilidad de expresarse" (2).

Todos sabemos que en el marco de la llamada comunicación masiva, la producción y difusión de los hechos que el periodismo se encarga de reflejar e interpretar, corresponde tanto a los periodistas, como a los empresarios, al Estado y al público. Mas, a despecho de la tan evidente socialización de esa actividad, se continúa manejando interesadamente como un derecho individual el relativo a la información. Lo que se persigue con ello es negar cualquier atribución a los receptores de los mensajes y también a los periodistas, maniatados en su conciencia por la carencia de democracia al interior de los medios de comunicación.

Otro principio, el de la igualdad ante la ley, que antaño fuera también bandera de la burguesía entonces revolucionaria, hogaño es utilizado mañosamente para negar cualquier protección a los periodistas. "No debe haber privilegios" se proclama, desechándose la circunstancia de que se requiere seguridad no de modo corporativo, sino para la función, para el ejercicio profesional, para que en definitiva la información pueda llegar al público y convertir así en algo tangible la libertad y el derecho a la información.

La mayor oposición a las iniciativas sobre la seguridad la ha planteado en nuestra región el empresariado de las noticias agrupado en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hoy, bajo la hegemonía del libre mercado y de su patrón ideológico del neoliberalismo, es dable pensar que esa postura se ha endurecido. Empero, no todos los propietarios de medios piensan lo mismo ni son tan intransigentes como éstos del bando estadounidense-latinoamericano. En el encuentro que en 1985 organizó la Cruz Roja y al que concurrió un amplio arco de delegaciones profesionales y patronales, con Luis Suárez pudimos comprobar, y así lo hemos escrito ambos, que los empresarios de tónica europea razonaron hasta encontrar puntos de vista parecidos a los de las organizaciones periodísticas. Tal vez haya influido –y lo digo sin sorna– uno de nuestros argumentos: aquellos que reciben las balas, los que pisan la mina explosiva o que lisa y llanamente son secuestrados y asesinados, son los periodistas y no los empresarios o los lectores. Con mayor razón, agregábamos, atañe a todos los involucrados en el proceso informativo el deber moral de contribuir a establecer mínimas acciones o medidas de protección. La iniciativa del CICR fue así y en algún grado, un paso adelante.

Para obtener conclusiones deberíamos preguntarnos también por qué América Latina ostenta ese fúnebre récord de periodistas muertos por la violencia en cifras de tal magnitud, que según la estadística que posee Felap desde 1970 hasta 1997 ascendía a 589 colegas asesinados y desaparecidos. Una primera respuesta sería la de que en la región la violencia es endémica, tradicional, y una segunda, que el origen de ese mal radica en la desigualdad social, con fuerte cuota de pobreza; en los conflictos raciales, fronterizos; en suma en el neocolonialismo que siguió a nuestras revoluciones independentistas.

Esas causas no pueden desecharse, pero, en lo específico debemos considerar en alto grado, el papel que cumple en la zona la información periodística. Si observamos el panorama del planeta, Latinoamérica permanece aún en el campo del subdesarrollo y la dependencia comunicacional, mas, con l007 diarios de una tirada de 25 millones(62 ejemplares por cada l000 habitantes) para una población de 405 millones; con 5.876 radioemisoras; 490 estaciones matrices de televisión y con aproximadamente 100 mil periodistas, el periodismo posee mayores índices que en Africa o Asia (3).

Una buena parte de los órganos informativos ha desempeñado –y desempeña, en este subcontinente– el cometido de denuncia de la corrupción y otros males y un indudable papel político-ideológico (en rigor de verdad muchas veces en respaldo de las dictaduras más reprobables). Se dirá que lo descrito es un fenómeno universal, pero sin negarlo, podemos afirmar que en Latinoamérica se produce hoy la singularidad de que los medios –con mayor fuerza la prensa escrita– están reemplazando de cierta manera a los partidos políticos en el debate de los asuntos públicos. La explicación de ese fenómeno radicaría en dos cuestiones básicas: la proscripción de las colectividades partidarias por las dictaduras y su consiguiente difícil reaparición, y simultáneamente, el desprestigio de los partidos, unos porque apoyaron a los tiranos y otros porque se han insertado ciegamente en una sociedad a todas luces injusta que hegemonizan los empresarios. Todos esos factores realzan las tareas periodísticas, a pesar de la generalizada y ecuménica pérdida de calidad determinada por el neoliberalismo que también la aqueja. Si lo que capta el periodista tiene siempre relevancia por su valor de multiplicación, en latitudes plagadas de conflictos ese rasgo se incrementa y así, como señalara alguna vez el vicepresidente de la Cruz Roja, Maurice Aubert, los periodistas se convierten en testigos molestos y peligrosos.

En esta suerte de introducción al tema, preciso es subrayar que hay ángulos positivos. Además del tratamiento sistemático, de un avance en la toma de conciencia del problema, desde 1981, año en que se crea el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, han nacido otras entidades análogas, como Reporteros Sin Fronteras, en París, y en esta área, la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas (CIAP) adscrita a Felap, cumple en este 1998 su quinto aniversario.

De manera muy especial destacamos, en el lado de los progresos, la política de Unesco bajo la dirección de Federico Mayor, la cual, junto a otros rubros, abordaremos más adelante en estas páginas.

La seguridad en el tiempo

Creemos de conveniencia, sobre todo para las actuales y futuras generaciones de periodistas, rememorar algunas cuestiones de importancia sobre el tema de la seguridad. Han transcurrido cuatro décadas desde 1957, año en que la Federación Internacional de Redactores en Jefe(directores) trató el punto en su congreso de Lisboa. Se resolvió efectuar una encuesta y consultar a la Comisión Internacional de Juristas, cuyo Secretario General era a la fecha Sean MacBride, ex canciller de Irlanda y años después presidente de la Comisión Internacional para los Problemas de la Comunicación (CIC) creada por Unesco.

La idea de instituir una Convención Internacional sobre la Protección de los Periodistas fue aprobada en el congreso de la Firec de 1968 (Montecatini) y allí se redactó un texto que 1uego. en 1970 y 71, serviría de modelo para un proyecto de convención que consideraron sucesivamente el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de Naciones Unidas (Nunca fue aprobado). El documento elaborado en Montecatini sugiere ya la creación de un Comité, Comisión u Oficina Internacional para la Protección, cuya misión fundamental sería la de otorgar una acreditación a los periodistas y funcionaría bajo el patrocinio de la ONU. Proponía taxativamente dos garantías: a) bajo ninguna circunstancia el periodista podrá ser arrestado o juzgado por actividades dirigidas al cumplimiento de su misión informativa, y b) en el cumplimiento de su misión el periodista no debe ser deliberadamente atacado o presionado y siempre debe ser respetado su estatuto de informador.

En 1970, cuando en Camboya desaparecieron l7 corresponsales extranjeros, el Instituto Internacional de la Prensa(en inglés IPI) convocó en París a una reunión a la que asistieron: Organización Internacional de Periodistas (OIP), Federación Internacional de Periodistas (FIP), FIREC; Comisión Internacional de Juristas, Asociación Internacional de Juristas Democráticos; Instituto Internacional de Derechos Humanos, UNESCO y la Unión Europea de Radiodifusión. Como medida de emergencia, se fundó allí el proyectado Comité Internacional y aunque se nombró incluso a un Secretario General (el profesor Urs Schwarz, de IPI) no llegó a funcionar.

El anteproyecto de Convención que debatió la ONU, y que estatuía la Protección del Periodista en Misión Peligrosa, fue un progreso en materia conceptual, pues se tradujo en varias definiciones, en primer término, la de periodista: "Para los efectos de la presente convención, se entiende por periodista a todo corresponsal, reportero, fotógrafo, operador de cine o técnico de prensa que posee tal condición en virtud de las leyes o prácticas de su país, cuando se trate de un Estado miembro de las Naciones Unidas o miembro de un organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o de cualquier otro Estado que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o parte en la presente convención".

De esa manera, se incursionó en un asunto crucial, como es determinar quienes son los periodistas, sin lo cual sería imposible aplicar medidas de seguridad. En los años siguientes, el tema volvería a ser tratado, pues como se observará la sugerida definición es incompleta. El documento apunta también que "Por misión peligrosa se entiende toda misión efectuada en regiones donde exista un conflicto armado, sea de carácter internacional o no, con miras a recoger informaciones que vayan a ser difundidas por un medio de información destinado al público".

El proyecto de la ONU contemplaba también el otorgamiento de una credencial, lo que ha sido cuestionado bajo el prisma de que un carnet equis no constituye una seguridad real. La réplica es de lógica: como se trata de una convención, lo primero que ocurre con los que suscriben, es el compromiso de respetar todos los aspectos del tratado. Esa sería la fuerza de la acreditación y la tarjeta pasa a ser sólo un instrumento de un pacto, nada menos que estatal.

El debate en Unesco

Los debates acerca de lo que se llamó indistintamente protección o seguridad del periodista se trasladaron de la ONU a Unesco cuando ésta ideó la antes mencionada comisión internacional de estudios (CIC) que fue más conocida como Comisión MacBride. Creada en 1977, ésta discutió el tema en cuatro seminarios que se realizaron en Europa desde ese año hasta 1979. Sean MacBride fue un decidido partidario de la protección, pero no logró que su opinión se reflejara en el Informe Final de la CIC que en 1980 se editó con el título de Un solo mundo, voces múltiples. Este texto reconoce muy explícitamente que los periodistas se ven expuestos a "hostigamientos, amenazas, encarcelamientos, violencia psíquica, asesinatos", mas, en contradicción notoria, postula que los informadores no constituyen una categoría especial de ciudadanos, afirmación que pretende avalar su pasividad en la materia.

Sin embargo, en forma paralela a la CIC, la Unesco tuvo la virtud de tratar el problema en coordinación con las organizaciones de periodistas. Se hizo en sucesivas Reuniones Consultivas en las que participaron: OIP, FIP, FELAP, Federación General de Periodistas Arabes, Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP), Unión de Periodistas Africanos, Felatrap, Confederación de Periodistas Asiáticos (ASEAN). La Felap intervino en esos encuentros a partir de la primera Consultiva que se efectuó en París en l978 y después organizó dos de ellas en México (l980 y 1989).

Otras dos reuniones de análisis, realizadas en París en 1980 y en 1981, son dignas de mencionarse por su contenido y por qué de cierto modo tuvieron el respaldo de la Unesco que las auspició. En la primera se conocieron y debatieron informes sobre los problemas de los periodistas que a solicitud de Unesco elaboraron para la ocasión la OIP y la FIP. Se progresó en varios ítems, pues, verbi gracia, se perfeccionó la definición de periodista. A los diferentes ejercicios de la profesión que se habían mencionado en la que contenía el anteproyecto del ECOSOC, se le agregaron dos puntos claves: periodista será quien desempeñe aquellas funciones y ejerza su profesión regularmente y de manera retribuida con el respeto debido a los principios y usos éticos determinados por la profesión.

Estas adiciones estaban enfiladas a poner un resguardo a la frecuente suplantación de la categoría de periodista a cargo de agentes policiales, espías y ramos similares y que pusieron comprobadamente en práctica la Central Inteligence Agency (CIA) y aparatos análogos de diversos países. Al mismo tiempo, se impulsó con fuerza el aspecto ético y se fortalecieron así los esfuerzos para lograr eventualmente un código deontológico universal. En ese encuentro se retomaron, además, las iniciativas para crear dos instrumentos internacionales relativos a la seguridad, la Comisión Internacional de Protección y una Conferencia Internacional Permanente de Consulta. Las conclusiones se resumieron o insertaron, mejor, en un documento que, a pedido de Unesco, elaboró el académico Pierre Gaborit, profesor en la Universidad de París-Norte y consultor de la Comisión MacBride. Bautizado como el "Proyecto Gaborit" sería discutido en 1981. (La Segunda Consultiva, organizada por Felap y efectuada en México en abril de 1980 respaldó la esencia de lo acordado en París).

El Proyecto Gaborit perfeccionó y desarrolló las iniciativas para crear instrumentos, singularmente una Comisión Internacional de Protección y sugería que ella fuera integrada inicialmente por los representantes de ocho organizaciones internacionales y regionales de periodistas, más dos asociaciones de juristas y uno del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se postulaba que posteriormente la integrarían representantes estatales por la vía de Unesco o del Secretario General de la ONU (4).

Según opinó el presidente de Felap, Eleazar Díaz Rangel, que nos representó en la reunión de 1981, se cometió el error de invitar a las entidades empresariales, encabezadas por la SIP, y ello fue decisivo en el fracaso que significó la no-aprobación del proyecto. Los dueños de los medios armaron una bien montada campaña en contra de la Unesco propalando una verdadera sandez: la Comisión equivaldría a una "intervención estatal" y por ende aquello "sería coartar la libertad de prensa".

Estabamos en 1981, época en que continuaba la matanza de colegas latinoamericanos y en otras regiones. Eleazar Díaz, en un comentario escrito sobre aquella reunión apunta que "El representante de la SIP llegó a afirmar que no ha conseguido a ningún periodista que le diga que necesita de protección, y que la protección de los empleadores es suficiente." Señala asimismo que los empresarios se opusieron a que en una declaración se colocara la palabra "solidaridad" (con los periodistas) y propusieron reemplazarla por "preocupación". Sin embargo, dice con razón el entonces presidente de Felap, la reunión tuvo una virtud: por vez primera, todas las organizaciones de periodistas asistentes hicieron causa común y estuvieron de acuerdo en la necesidad de una protección y en la urgencia de ella. (5).

Las acciones de Felap

En conjunto con otras organizaciones o por su cuenta, la Felap ha sido desde su fundación, un motor nunca detenido en el impulso de la solidaridad y de la bandera de la protección. Desde aquella Conferencia Internacional en La Habana en la que el relator principal fue Luis Suárez, a él precisamente le ha correspondido activa participación en la Conferencia de Seguridad y Protección al Periodista Felap-OIP, realizada en Bogotá en septiembre de l99l. Luego en el Seminario sobre Derechos Humanos de los Periodistas(México, febrero de 1993) oportunidad en que nace la CIAP; y en 1995, de nuevo en México con el co-auspicio de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), el Seminario sobre Riesgos del Ejercicio de la Profesión del Periodismo. Debemos sumar, naturalmente, el presente seminario bajo la responsabilidad organizativa de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

En este recuento, es de justicia recordar que en el primer lustro de los ochenta, cuando se iniciaba el ocaso de las dictaduras, se produjo en 1982 el alevoso asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador y al año siguiente la matanza de ocho colegas peruanos en Ayacucho. Estos hechos indignantes motivaron a la dirigencia de Felap a plantear a la Unesco su colaboración para una Conferencia Internacional en Defensa de la Vida de los Periodistas. En un documento público, que titulamos "La Protección del Periodista: una Dramática Necesidad" se decía que "los regímenes de fuerza, autores intelectuales y materiales de los crímenes, no deben seguir gozando de una licencia para matar periodistas a fin de ocultar las realidades de sus países". Y se exhortaba a respaldar la propuesta con el propósito de " que en el futuro la tinta y la sangre de los periodistas no prosigan dramáticamente confundidas".

Unesco respondió favorablemente y Felap obtuvo rápidamente el respaldo de todas las organizaciones periodísticas que, como Felap, son asociadas no gubernamentales de Unesco y las gestiones preliminares marcaron un objetivo más amplio. Logrado también el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la reunión sería ahora sobre Las Condiciones de Trabajo y la Seguridad del Periodista. Se avanzó incluso hasta la materialización de una Reunión Preparatoria, en Ginebra, pero esa fue también la fecha de una nueva campaña de los empresarios, calcada de la anterior de 1981. Resumamos en que ello provocó el arrepentimiento de Unesco.

La Unesco hoy

En la "Nueva Estrategia de Comunicación" adoptada por la Conferencia General de Unesco en 1989, se señala el objetivo de "Fomentar la libre circulación de la información en los planos internacional y nacional, favorecer una difusión más amplia y mejor equilibrada de la información, sin ningún obstáculo a la libertad de expresión". Es muy claro que Unesco caracteriza como uno de esos obstáculos a la represión en contra de los periodistas, pues así lo señalan sus documentos oficiales.

Veamos, por ejemplo, la Declaración de Santiago, emitida en el seminario de Santiago de mayo de 1994 y adoptada por la Conferencia General en 1995. En la referencia a la seguridad se lee: "Condenamos enérgicamente el hecho de que los periodistas, editores y radiodifusores sean todavía víctimas de represión, amenazas, agresiones, asesinatos, arrestos, encarcelamientos y secuestros, actos criminales que en muchos casos quedan impunes" En el Plan de Acción elaborado en la misma ocasión, en el punto 3) "La prensa libre y la seguridad de los periodistas" se propone una serie de medidas, entre ellas "aumentar el número de centros de vigilancia en esta materia en las regiones de América Latina y El Caribe y vincularlos con la Red de Alerta para la Acción del Intercambio de Información sobre la Libertad de Expresión (IFEX), utilizando recursos conjuntos de organizaciones profesionales nacionales e internacionales, con la ayuda de la Unesco". En la letra b) que sigue a lo anterior, se expresa: "Recomendar que la Unesco, en colaboración con las organizaciones profesionales, realice estudios comparativos de las legislaciones que afectan a los medios de comunicación" (6)

Las denuncias acerca de la violencia aplicada a los periodistas y las acciones de respuesta se encuentran también en las Declaraciones de Windhoek (Namibia, 1991), de Alma Ata (Kazasktan, 1992) y de Sanaa (Yemen, l996). Esos documentos corresponden a seminarios para Africa, Asia y Mundo Arabe y todos fueron adoptados(aprobados) por Conferencias Generales, de manera que se trata de una política general de Unesco, muy positiva por cierto.

Dejamos constancia también que la Cruz Roja, desde antaño y con mayor fuerza luego del coloquio de Mont Pelerin (Suiza) en 1985 y que hemos citado antes, ha estado siempre dispuesta a una cooperación en el campo de la seguridad de los periodistas. En Mont Pelerin descubrimos, de cierta manera la importancia del Derecho Humanitario y cómo es posible su aplicación para resguardar física y legalmente a los informadores en las coberturas de guerras internacionales o civiles. Es un aspecto, diríamos, aprovechable y que hasta ahora se mantiene en un nivel muy débil, como es el caso del reconocimiento de los periodistas como "civiles" en los conflictos armados.

¿Qué hacer?

Es muy deseable que este renovado debate acerca de la seguridad, arroje conclusiones. Sin perjuicio de las que surjan, planteamos las siguientes:

—Las tareas de la CIAP deben ser fortalecidas, en el sentido de "profesionalizar" su labor con la meta de incorporarse a la citada red IFEX, de Unesco. Desde Santiago, o por supuesto de otro lugar si así se estima, podría montarse, además, una página web en Internet con la alimentación del caso. Al tenor del interés de Unesco por la materia, debería recurrirse a la asistencia de esta entidad.

—En relación con el punto anterior y quizás de otros rubros, la FELAP-CIAP debería pensar en ayuda financiera, por ejemplo para un Fondo de Solidaridad, proveniente de gobiernos y también de otros organismos como los parlamentos, ya que ellos en conjunto conforman el Estado que tiene la obligación básica de garantizar la vida de los ciudadanos, incluidos los periodistas. En este sentido, es dable mirar asimismo hacia Europa.

—En casos, tanto de denuncias como de búsqueda de justicia, debería recurrirse, de manera efectiva y sistemática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanas y a la de igual nombre de Naciones Unidas. Esto es imprescindible para quebrar la impunidad que ha venido caracterizando a los crímenes que afectan a periodistas.

—Se requiere una mayor toma de conciencia de parte de la comunidad acerca del tema de la seguridad y algunas formas de lograrlo serían la difusión (ediciones) y la realización de seminarios o coloquios en la que participen otros sectores junto a los periodistas.

—Consideramos que potencialmente han mejorado los factores para insistir en una Conferencia Internacional acerca de "Las condiciones de trabajo y la seguridad del periodista." La elección del chileno Juan Somavía como Director de la Organización Internacional del Trabajo es un elemento muy positivo, pues Somavía fue integrante de la Comisión MacBride y después Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), cargos en los que adquirió un profundo conocimiento de los problemas de la comunicación y del periodismo. Ha sido un excelente cooperador en las tareas de Felap.

Muchas de estas tareas pueden hacerse en colaboración con entidades periodísticas internacionales y regionales y, en ese plano, Felap y, coyunturalmente, reuniones como ésta, deben reiterar la imperiosa necesidad de una Conferencia Mundial de las Comunicaciones y de la Información.

N o t a s

(1) Federación Internacional de Periodistas. La Protección de los Periodistas, Unesco, París, 1980(distribución limitada).

(2) Ibídem

(3) López Arjona, Ana. Inventario de Medios de Comunicación en América Latina. CIESPAL, Quito, 1993.

(4) Gaborit, Pierre. Projet de création d' une Commission Internationale pour la protection des journalistes e d' une Conference Internationale Periodique pour la Protection des journalistes, París, Unesco, 1980.

(5) Díaz Rangel, Eleazar. Otro campo de desacuerdos entre editores y periodistas, publicado en La FELAP y la Protección del Periodista, México, Cuaderno Nº 5, Ediciones Felap, 1986.

(6) Unesco. Declaración de Santiago, en Textos Básicos de Comunicación 89-95, Unesco, París, sin fecha.

Textos de consulta sobre protección del periodista

—Unesco. Medios de comunicación y democracia en América Latina y el Caribe, París, Unesco, 1995.

—FELAP. Conferencia de Seguridad y Protección al Periodista Felap-OIP e Intervenciones, Acuerdos y Declaración de Colombia, Cuaderno Nº l 1, 1991.

—Seminario sobre Derechos Humanos de los Periodistas// Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) y Declaración Final del Foro de Periodistas de América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica), Cuadernos Felap Nº l 4,1993.

—Riesgos del Ejercicio de la Profesión del Periodismo(Seminario), México, Boletín Felap 3-4,95

—Suárez, Luis. Balas con dedicatoria y El Periodismo en la guerra, en Cuadernos Felap N¨5.

—Uribe, Hernán. ¡Disparen sobre el periodista! // Urge proteger a los periodistas y Testigos Molestos, en Cuadernos Felap Nº 5

—Camarillo Carbajal, María Teresa. La represión a la prensa en América Latina (Hemerografía 1978-1982), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.

SANTIAGO DE CHILE / SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA)